En abril del 2021, los funcionarios federales de derechos civiles iniciaron una investigación sobre el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD) y el Gobierno Metropolitano de Louisville-Jefferson para determinar si los funcionarios gubernamentales y los agentes del orden violan habitualmente los derechos constitucionales de las personas.

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está llevando a cabo esta investigación. La investigación se basará en historias de todo tipo de personas que viven en Louisville.

Muchas personas han denunciado la mala conducta de la policía a los funcionarios locales que no hicieron nada al respecto. Si bien compartir estas historias puede ser traumático, el DOJ necesita escucharlo para que puedan comprender completamente el papel de LMPD en la comunidad y obligar a LMPD a cambiar. Utilizarán todas las herramientas posibles para proteger su privacidad y mantener la confidencialidad.

Abra los menús a continuación para obtener más información, participar y ayudar a que LMPD rinda cuentas a las personas.


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1. ¿Qué está investigando el DOJ?

Q.¿Qué está investigando el DOJ?
A.

La investigación sobre LMPD y el gobierno local es amplia. El DOJ está investigando las prácticas de LMPD para determinar si existe o no un patrón de LMPD que viola los derechos constitucionales de las personas. Por ejemplo, el DOJ analizará si LMPD:

  • realiza un uso excesivo de la fuerza
  • limita las actividades protegidas por la Primera Enmienda, como protestar
  • discrimina a ciertos grupos de personas
  • realiza arrestos o detenciones, registros e incautaciones inapropiados

2. ¿Qué hará la investigación?

Q.¿Qué hará la investigación?
A.

El Departamento de Justicia ha investigado solo 72 departamentos de policía locales desde que se les otorgó esta autoridad en 1994, incluidos los de Baltimore, Nueva Orleans y Ferguson.

La División de Derechos Civiles está pidiendo a las personas que compartan sus historias para que puedan aprender más y obligar a LMPD a cambiar sus políticas.

Si el DOJ demuestra una mala conducta sistémica, pueden obligar a LMPD y al gobierno de Metro Louisville a cambiar. Los funcionarios locales pueden llegar a un acuerdo con el DOJ de forma voluntaria o el DOJ puede acudir a la corte para llegar a un acuerdo ejecutado por la corte.

3. Cómo compartir su historia / privacidad

Q.Cómo compartir su historia / privacidad
A.

Esta investigación depende de historias de personas como tú.

Muchas personas ya han compartido interacciones policiales negativas con las autoridades estatales y locales que no tomaron medidas. Esta investigación está a cargo de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sus historias les ayudarán a comprender completamente el papel que juega LMPD en la comunidad y a generar cambios.

El DOJ utilizará todas las protecciones disponibles para proteger su privacidad y garantizar que su historia no incluya información que revele su identidad. Esta investigación no se utilizará para promover el trabajo de otras agencias gubernamentales.

Si en su historia se descubre una infracción criminal por parte de los oficiales de LMPD, el DOJ puede remitir el asunto para un proceso penal.

Comparta su historia: Comuníquese con Ethan Trinh en la División Civil de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Kentucky.

4. ¿Cuánto tiempo durará la investigación?

Q.¿Cuánto tiempo durará la investigación?
A.

A menudo, transcurre más de un año desde que se anuncia una investigación hasta que se llega a un acuerdo entre el departamento de policía y el Departamento de Justicia. El proceso completo tomó 16 meses en Seattle y 18 meses en Ferguson.

5. ¿Cuáles son los resultados de estas investigaciones en otras ciudades?

Q.¿Cuáles son los resultados de estas investigaciones en otras ciudades?
A.

El Departamento de Justicia ha investigado solo otros 72 departamentos de policía desde que se le otorgó el poder para hacerlo en 1994, lo que demuestra cuán seriamente están considerando la conducta de LMPD. 

La mayoría de las investigaciones llevan al Departamento de Justicia a obligar a los gobiernos locales y las agencias de aplicación de la ley a implementar cambios en las políticas para proteger mejor los derechos constitucionales de las personas. El objetivo del DOJ no es abolir o retirar fondos de un departamento de policía, sino implementar políticas que reformen las prácticas y reduzcan las malas conductas.

¿Cómo se implementan los cambios de política?

Acuerdo voluntario extrajudicial: Los gobiernos locales pueden aceptar voluntariamente realizar los cambios que el DOJ desee. Este tipo de acuerdo es solo entre el gobierno local y / o la agencia de aplicación de la ley y el DOJ. No hay supervisión de la implementación del acuerdo por una tercera parte.

Decreto de consentimiento: Algunos acuerdos son supervisados y ejecutados por un tribunal federal. Estos se denominan decretos de consentimiento. Son similares a un acuerdo voluntario, pero incluyen la supervisión directa y el cumplimiento por parte de un juez federal para garantizar que los gobiernos locales y las agencias de aplicación de la ley cumplan con su parte del acuerdo.

Demanda judicial: Si el gobierno local se niega a aceptar los cambios del DOJ, ya sea de forma voluntaria o mediante un decreto por consentimiento, el DOJ puede entablar una demanda en un tribunal federal. En este tipo de demanda, el DOJ pediría a la corte que fallara a su favor y ordenara al gobierno local y a las agencias de aplicación de la ley que implementen sus cambios de política. Una demanda contra el DOJ podría llevar a un acuerdo sin juicio, o a un juicio que finalmente resuelva el caso.

Memorando de acuerdo (MOA): Los MOA no requieren que el gobierno y / o la agencia de aplicación de la ley bajo investigación confirme las acusaciones de mala conducta encontradas en la investigación del DOJ. Los MOA significan un compromiso para mejorar algunos aspectos de la aplicación de la ley. Estos acuerdos a menudo no incluyen cambios de política sólidos y específicos y no incluyen medidas de cumplimiento, por lo que el Departamento de Justicia o un juez federal pueden garantizar que los funcionarios locales implementen los cambios.